En Bolivia se carece de una política efectiva para erradicar la coca excedentaria, especialmente en el Chapare
El gobierno de Luis Arce ha sido cuestionado por su manejo de la producción de coca y su relación con el narcotráfico. Diversos informes y denuncias indican que no existe una política efectiva para erradicar la coca excedentaria, especialmente en zonas como el Chapare, bastión del MAS y de Evo Morales.
Aunque el gobierno ha anunciado operativos contra el narcotráfico, críticos señalan que estos son selectivos y no afectan las zonas controladas por cocaleros afines al oficialismo.
Además, la reciente crisis entre Arce y Morales ha sacado a la luz acusaciones mutuas sobre vínculos con el narcotráfico, lo que refuerza la percepción de complicidad estatal en la expansión de la producción de coca destinada a la fabricación de cocaína.
El gobierno de Luis Arce habria implementado políticas para la erradicación de cultivos de coca excedentaria. En 2023, se erradicaron más de 10.302 hectáreas de estos cultivos en cuatro departamentos del país.
Además, se han promovido iniciativas para la industrialización de la hoja de coca con fines lícitos. Por ejemplo, en enero de 2025, el presidente Arce anunció la construcción de un centro de industrialización e investigación de la hoja de coca en Coroico, con el objetivo de producir coca machucada y otros derivados, incluyendo anestesia.
Sin embargo, persisten desafíos en la lucha contra el narcotráfico. En noviembre de 2024, se reportaron conflictos en el Chapare, una región productora de coca, donde cocaleros leales a Evo Morales tomaron cuarteles militares y retuvieron a militares como rehenes, exigiendo la habilitación de Morales como candidato en las elecciones de 2025 y el archivo de los casos judiciales en su contra.
Además, en noviembre de 2024, la justicia boliviana aprobó la extradición del exjefe antidrogas Maximiliano Dávila a Estados Unidos por cargos de conspiración para el tráfico de cocaína y posesión de armas de fuego. Dávila, quien sirvió bajo el gobierno de Evo Morales, enfrenta acusaciones de haber protegido operaciones de narcotráfico.
Estas situaciones reflejan la complejidad del problema del narcotráfico en Bolivia y los desafíos que enfrenta el gobierno en la implementación de políticas efectivas para combatirlo.
