Jueza bajo sospecha: anula orden contra Evo y lo manda a su bastión en el Chapare
Santa Cruz, Bolivia – La jueza Lilian Moreno Cuéllar se encuentra en el ojo del huracán tras anular la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, quien enfrenta graves acusaciones por delitos de índole sexual. La polémica no termina ahí: Moreno también ordenó trasladar el proceso judicial desde Tarija hasta Villa Tunari, el bastión cocalero de Morales, en un fallo que ha sido calificado por autoridades y juristas como un descarado acto de favorecimiento político.
El ministro de Justicia, César Siles, calificó la resolución como “absolutamente arbitraria” y anunció que su cartera solicitará una revisión constitucional, además de impulsar una investigación penal por presunto prevaricato. “No puede ser que una jueza que trabajó en el gobierno de Morales y fue designada en sus últimos días en el poder, hoy actúe como su defensora disfrazada de autoridad judicial”, dijo.
Y es que el historial de la jueza refuerza las sospechas: Moreno Cuéllar fue jefa del departamento Jurídico del Servicio de Impuestos Nacionales en Santa Cruz y luego responsable jurídica de ENFE, durante el régimen del Movimiento al Socialismo (MAS). Su nombramiento como jueza se dio a semanas de la caída de Morales en 2019, lo que levanta serios cuestionamientos sobre su imparcialidad.
El traslado del caso a Villa Tunari –zona donde Morales ejerce influencia política y sindical– ha sido interpretado como una estrategia para enterrar las denuncias. “Es un escándalo judicial. No solo anula la aprehensión, sino que manda el proceso a la casa del acusado. Esto no es justicia, es complicidad”, denunció un abogado constitucionalista que pidió reserva de identidad.
Mientras tanto, la jueza Moreno se defiende alegando que la Fiscalía actuó sin control jurisdiccional al emitir la orden de aprehensión, y denunció supuestas amenazas en su contra. Sin embargo, su versión ha sido insuficiente para detener la indignación pública y la presión institucional para que rinda cuentas.
La ciudadanía y la comunidad jurídica exigen que este caso no quede impune. Si se comprueba que la jueza incurrió en prevaricato, podría enfrentar una condena penal y su destitución inmediata del cargo. Bolivia observa con atención lo que podría ser un nuevo capítulo de sometimiento judicial al poder político.
