PILATOS: Luis Arce se lava las manos respecto a la crisis económica que soporta Bolivia
El reciente anuncio del Gobierno sobre el incremento del 10% al salario mínimo nacional ha generado una ola de reacciones mixtas en todo el país.
Diversos sectores, tanto empresariales como laborales, han expresado su desacuerdo con la medida, señalando que el impacto real en los bolsillos de los trabajadores será mínimo y que la medida podría tener efectos negativos en la economía nacional.
Según el cálculo de especialistas, el aumento representa apenas 4,90 bolivianos diarios, lo que muchos trabajadores consideran insuficiente ante el creciente costo de vida. El salario mínimo nacional pasará de 2.362 a aproximadamente 2.598 bolivianos mensuales, mientras que el incremento al haber básico será del 3%.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) emitió un pronunciamiento en el que rechaza la decisión del Ejecutivo, advirtiendo que este tipo de medidas unilaterales comprometen la estabilidad de miles de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), ya afectadas por la desaceleración económica.
Por su parte, algunos sectores laborales han cuestionado el acuerdo entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), calificando el aumento como «simbólico» y alejado de las necesidades reales de la población trabajadora.
Economistas y analistas alertan que incrementos salariales no sustentados en productividad o crecimiento económico podrían generar mayores niveles de informalidad, despidos laborales y una contracción en el mercado formal del empleo.
Mientras tanto, el Gobierno defiende la medida como un “acto de justicia social” y asegura que busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación.
